El Gobierno se plantea la liberalización del sector de las gasolineras, además de un impuesto para las empresas y compañías de distribución de carburantes, para reducir el margen comercial y así abaratar el precio pagado por los consumidores.
Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llegados al punto en el que el precio del gasóleo y la gasolina se encuentran en máximos históricos. La vicepresidenta ha recordado que en España el margen comercial de las empresas es mayor que la media europea (unos dos céntimos por litro) mientras que en los dos otros componentes del precio, los impuestos está por debajo de la media y el coste del carburante se encuentra en la media.
Se entiende por liberalización el proceso por el cual se pasa de una economía sujeta al control del Estado a una economía de mercado, es decir, que, en este caso, el control de los precios del carburante pasaría de estar en manos del Estado a ser controlado por las mismas gasolineras. Por tanto, lo que se estaría buscando, sería conseguir mayor competencia entre las estaciones de servicio y mejores precios. Actualmente Repsol, Cepsa y BP se reparten un 67% de las gasolineras y, de esta manera, se conseguiría abrir el mercado a más compañías.
Con estas medidas también se pretende hacer frente al efecto llamado "cohetes y plumas" que caracteriza a los precios de los carburantes: suben rápido (como un cohete) cuando se encarece el petróleo y bajan lentamente (como una pluma) al abaratarse la materia prima.
Desde mi punto de vista creo que estas medidas son demasiado arriesgadas ya que el Gobierno perdería el control sobre el precio establecido al litro de carburante, por tanto podría establecerse un precio demasiado bajo o demasiado alto entre las estaciones de servicio. Aunque, es cierto que es una medida adecuada teniendo en cuenta el momento por el que estamos pasando además que los desmesurados precios que están actualmente establecidos por el Estado, no ayudan.
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